El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, anunció la presentación de una nueva reforma tributaria en la próxima legislatura del Congreso.
En honor al compromiso de la campaña, el ministro especifica que el expediente no se orientara a elevar los recaudos, sino a propiciar los negocios, la competitividad y el empleo. El anuncio fue secundado por el FMI, pero fue más lejos al señalar que la economía colombiana necesita más impuestos para elevar los ingresos y, por la vía de la regla fiscal, reducir el cuantioso déficit fiscal de la nación. Estamos ante una compleja cirugía en la cual los médicos no saben cuáles son los propósitos ni las mejores opciones para conseguirlos.
¿Qué quiere decir la propuesta del Gobierno en términos concretos? Simplemente que se bajarán las tarifas para las empresas y el capital para hacer más rentables los negocios, elevar la competitividad y compensarán con mayores gravámenes al trabajo y al IVA que incide sobre toda la población. Asimismo, está diciendo que desmontará los parafiscales o los moderará y los compensará con una ampliación del IVA, como se ha sugerido en círculos influyentes. En ambos casos estamos ante la baja de la carga tributaria para las empresas y el capital, así como en una ampliación de la base tributaria que recaerá en el trabajo y las grandes mayorías.
Nada de esto es nuevo. Las reformas tributarias adoptadas en los últimos 20 años se han orientado por la misma filosofía de aumentar la eficacia económica a expensas de la equidad y han tenido gran responsabilidad en el retroceso social. En este período los ingresos del trabajo bajaron con respecto al PIB, las ganancias empresariales se dispararon, la mayor parte de la fuerza de trabajo se mantuvo en el desempleo y la informalidad, y la distribución del ingreso se colocó entre las más desiguales del planeta.
En realidad, la propuesta oficial se encuentra en el lugar equivocado. Es el típico instrumento que carece de las condiciones para lograr los objetivos que se propone. Luego de la revaluación de los últimos siete años y de los fracasos reiterados para evitarla, la política tributaria no es el medio para elevar la competitividad externa. La solución es cambiaria.
Lo mismo se puede decir de los parafiscales. Su desmonte o debilitamiento no es el camino adecuado para propiciar el empleo. Luego de que el salario se ha venido ajustando por debajo de la productividad y los ingresos del trabajo han caído en forma significativa con respecto a los del capital, la solución al desempleo es de demanda y composición productiva.
La falla de la iniciativa oficial está en el intento de subsanar los problemas estructurales que vienen de atrás con exenciones puntuales y reparcheo tributario. Lo que se plantea es cambiar el modelo económico actuando sobre las causas de la revaluación y el desempleo y la informalidad. Se requiere un manejo macroeconómico que disminuya la obsesión por la inflación y el control monetario, baje la tasa de interés e intervenga en forma abierta y anunciada en el mercado para elevar el tipo de cambio. Adicionalmente, es necesario modificar el predominio de la minería, que es el sector que genera menos empleo y de los servicios cuya ocupación esta representada principalmente en la informalidad. El liderazgo debe trasladarse a la industria y la agricultura, que son los sectores con las mayores posibilidades de expansión, generación de empleo bien remunerado y aprovechamiento del avance tecnológico.
En fin, la reforma tributaria en los términos esbozados por el Gobierno es como las complejas cirugías que se recetan sin propósitos definidos y en el proceso encuentran que existen otros procedimientos mejores para curar al paciente.
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-- Fuente: legistributaria1990.blogspot.com
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