Por: Claudia Torres Arango*
Ante los acontecimientos, que a diario nos golpean en el país, corrupción y
violencia provocada por varios actores como guerrilla, paramilitares, Estado, y
algunos políticos, empresarios y personas que la ejercen de una u otra forma,
cabe preguntarse qué se precisa para construir ciudadanía forjada en valores y
comprometida: se requiere entre otros elementos, de un sistema democrático que
garantice los derechos y libertades individuales de todos los ciudadanos y
ciudadanas, sin distingo de raza, sexo, lengua, religión o cualquier otra
condición económica o social; y también, del reconocimiento de leyes concretas
abran los espacios jurídico para garantizarle al ciudadano en la práctica lo
anterior. Si se quiere hablar de ciudadanía y de civismo, debemos hablar de los
deberes cívicos más que de los derechos cívicos.
Al respecto en 1997 el Consejo de Europa, y la
Unión Europea, impulsaron un Proyecto de
Educación Ciudadana para la Democracia, cuyo objetivo principal era contribuir
al desarrollo de un conjunto de prácticas y actividades orientadas a hacer de
la gente joven y adulta personas equipadas para participar activamente en la
vida democrática, asumiendo y ejerciendo sus derechos y deberes dentro de la
sociedad y a formar ciudadanos responsables e informados en el contexto de la
integración europea, y aunque se trata de otro contexto para nuestro caso los
tres objetivos principales del proyecto (1), tienen validez:
1. Proveer a los ciudadanos del conocimiento, las
habilidades y las competencias necesarias para la participación activa dentro
de una sociedad civil democrática.
2. Crear oportunidades para el diálogo y el discurso,
para la resolución no violenta de los conflictos y el consenso, para la
comunicación y la interacción.
3. Estimular la conciencia de los derechos y las
responsabilidades, de las normas y los valores, de las cuestiones éticas y
morales que existen dentro de la comunidad.
Para el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía y el civismo, Luis
María Cifuentes resalta cuáles son estos deberes (2):
La obligación de estar
informado: el miembro de una sociedad democrática tiene que saber lo que sucede en la
sociedad en la que vive. La lectura crítica de lo que informan los medios de
comunicación haciendo uso de las nuevas tecnologías, quienes tratan de influir
en las decisiones políticas y en la formación de la opinión pública,
proporcionando muchos datos sobre la situación de cada país.
Asociarse para la
defensa de los legítimos intereses de los diferentes grupos humanos: dado que la mayoría de
la población se encuentra en una sociedad que es desigual e injusta, el derecho
de asociación es básico y fundamental en todas las democracias. La
participación es un principio esencial en los actuales sistemas democráticos
donde los derechos de las personas que tienen intereses compartidos deben ser
defendidos colectivamente, con la fuerza del derecho y con la unión de todos
los interesados. La asociación política, sindical, vecinal y deportiva, entre
otras, muestra la vitalidad de la democracia, y debe ser potenciada en todas
las democracias, en razón a que los partidos políticos no son el único cauce
asociativo de que disponen los ciudadanos. La obligación de participar en la
vida pública de un país, no se puede circunscribir solamente a ser miembro de
un partido político o a ejercer el derecho al voto; tiene otras muchas formas
de expresión. La política no es simplemente la convocatoria de elecciones
periódicas, debe ser ante todo un servicio desinteresado a los ciudadanos.
El ejercicio de una
solidaridad responsable: a nivel nacional e internacional, la economía es
interdependiente y no puede entenderse la ciudadanía democrática ni la
construcción de un civismo de calidad, cuando existen millones de personas que
viven en condiciones de miseria y de pobreza, ya que la dignidad de todos los
seres humanos es idéntica e igual para todos. Por eso la solidaridad es un
deber moral y político, que tiene que superar la actitud paternalista con que
muchas veces se enfoca este tema. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
exige tratar dignamente a todos, ayudar a que el ser humano se desarrolle como
tal, con todos sus derechos y libertades, lo que no será posible mientras
millones de personas vivan por debajo de su humanidad.
La ecología: Los seres humanos
debemos tomar conciencia de que el ecosistema es un bien frágil, inalienable y
de interés común, donde los recursos son limitados, y de que con el actual modelo de desarrollo
el planeta está en peligro, y con él también la supervivencia humana. Los
Informes del Club de Roma, y luego los de prestigiosos científicos, entre ellos
el Panel Internacional del Cambio Climático, IPCC (3),
detallan con claridad en qué consiste el grave deterioro del medio ambiente.
Por eso, se debe dar un giro a las políticas y al modelo económico hacia un
tipo de desarrollo sostenible. Ese giro es un deber cívico y de ética
ecológica, que si no se ejercita a tiempo, ya que se han generado daños
irreversibles a todos los seres vivos, con perjuicio para grandes grupos
humanos.
Es entonces necesaria la educación para la ciudadanía, no sólo como teoría,
“sino que son ante todo una práctica, un saber hacer, un saber vivir” (2), son
valores que se inculcan desde la infancia, más que como una materia esta
educación debe ser referida
a los valores y a las actitudes que deben impregnar de modo transversal todo el
sistema educativo.
En la
coyuntura actual como es el caso de las migraciones, tanto la que se da en las
naciones desarrolladas como en las emergentes, que se reconoce con el nombre de
desplazados, se acentúan procesos más profundos que los de la pobreza: los de
la discriminación y exclusión de las personas. En los últimos veinte años los
desplazados por desastres naturales, que según el Consejo noruego para los
refugiados (2014) ascienden a 200 millones de personas, han triplicado los que
se generan por conflictos bélicos, sociales y políticos. Para semejante
problemática, la ley debe reconocer los derechos y libertades individuales, y
por lo tanto la sociedad debe adquirir un carácter cosmopolita como fundamento
para la convivencia, soportado en el reconocimiento de los derechos y
libertades humanas, pero sin menoscabo del cumplimiento de los deberes de todos
los ciudadanos, sin discriminación de ninguna naturaleza.
En este caso Luis María Cifuentes Pérez dice:
El pluralismo es compatible con una sociedad abierta y es inseparable de la
democracia, ya que el pluralismo político conlleva también el pluralismo
moral y religioso de los ciudadanos en un sistema de derechos y libertades
individuales. El libre ejercicio de los derechos y de las libertades de cada
individuo es consustancial con la democracia y con el Estado de Derecho. En las
democracias occidentales la ley es el último y definitivo instrumento que
define las conductas legales o ilegales de las personas. Si no se respeta la
ley, la convivencia pacífica se torna inviable, imposible; aunque la ley no sea
todo lo justa que uno desearía, no existe, sin embargo, mejor alternativa que
las leyes para controlar racionalmente la conducta de los individuos y de las
corporaciones. Es siempre mejor, la fuerza del derecho que la ley del más
fuerte (2).
En el mundo actual la base de los conflictos, tiene sus raíces en la
desigualdad económica y social en un escenario globalizado, señala Luis María
Cifuentes, que alrededor de un 20% de la población mundial dispone de un 80% de
los recursos mundiales, lo que inhabilita en la práctica a millones de
desposeídos para acceder no sólo a sus necesidades básicas, sino también como
lo señala Cifuentes,
a los derechos
y las libertades propias de un ciudadano, si es que por ciudadanía se entiende
algo más que el mero reconocimiento formal y jurídico de derechos y libertades
individuales. La ignorancia, la opresión, el hambre, la miseria y las
enfermedades endémicas son lacras reales que impiden a muchas personas en todo
el mundo ser tratados como verdaderos ciudadanos y como seres humanos dotados
de dignidad personal y de capacidad para desarrollarse humanamente (2).
De lo descrito antes se desprende que para ejercer la ciudadanía de una
manera real y plena, no se puede partir de un reconocimiento formal y jurídico
que encubra la imposibilidad práctica del ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales; el ejercicio depende de unas condiciones económicas,
políticas y sociales que configuran el estatus de ciudadano. Más que el
reconocimiento de unas leyes que preceptúen el derecho a una vida digna, al
trabajo y a la vivienda, y de declaraciones de organizaciones como la ONU, la
UNESCO, la FAO, que sean sólo retórica, se requiere de unas condiciones mínimas
de justicia e igualdad para todos los seres humanos. La conquista de los
derechos humanos y de la ciudadanía, ha requerido un largo recorrido histórico;
por ello debe educarse para la ciudadanía, algo menos teórico que declaraciones
de buenas intenciones.
Y
¿cuál es el rol de la mujer frente a una sociedad fraccionada, inequitativa,
carente de valores, consumista e insolidaria? Este no puede ser diferente al
del hombre dado que el problema no es de género. Sería tan absurdo como asignar
roles diferentes al ciudadano frente a la sociedad, dependiendo de asuntos
étnicos, de edad o de limitaciones físicas, así la exclusión esté marcando
problemas fundamentales en la sociedad colombiana.
Aún
más, el civismo de hoy exige el trabajo propio de una sociedad donde la
democracia representativa ha dado paso a las formas de participación directa de
la sociedad. Ya no son los tiempos de la gobernabilidad sino de la gobernanza;
tampoco los de la planeación cartesiana y vertical, sino los de la planeación
participativa que reconoce al territorio como un sujeto y no como un objeto de
participación. Razón por la cual desde la Sociedad de Mejoras Públicas
invitamos que en lugar de socializar los proyectos de intervención del
territorio, estos se construyan con la gente y para la gente, empleando
procesos de planificación de carácter participativo. La academia juega un rol
importante en la construcción de la civilidad, pero con su ciencia y tecnología
no podrá jamás abarcar la sabiduría inmersa en los saberes populares (4), como
fuente de conocimiento válido para la estructuración del territorio, entendido
como una construcción social e histórica, en donde el hábitat no le pertenece
ni a los planificadores, ni a los científicos sociales, ni al administrador
público: le pertenece a todos por igual.
Referencias
