¿Para quién la plusvalía urbana?

 

 

Por Gonzalo Duque-Escobar *

 

En Manizales, la viabilidad de un modelo urbano sostenible depende del desarrollo de instrumentos que propendan por una distribución equitativa de cargas y beneficios, y de que la sociedad civil reclame y apoye acciones que respondan a políticas públicas de urbanismo con carácter democrático, visión regional y de futuro, en las que se recupere el derecho a la ciudad imponiéndole límites a los apetitos del mercado, controlando la frontera urbana y previniendo los procesos especulativos que distorsionan el modelo de ocupación del territorio.

 

2014 será vital para establecer, además de los lineamientos para los POT a nivel de ecorregión, las decisiones del ordenamiento territorial municipal en la subregión Centro-Sur para un nuevo período de doce años. En consecuencia, con la incorporación de suelo rural a urbano derivado de estas acciones (La Aurora y El Rosario), la liberación de limitantes urbanísticas y otros (Única), o el desarrollo de macroproyectos de infraestructura pública (Aerocafé), se generarán importantes plusvalías urbanas que deberán recuperarse en nombre de la sociedad, tal cual se lo propone la Administración Municipal de Manizales quien deberá aplicarlas a proyectos de interés común, emprendiendo obras vitales y estratégicas para el desarrollo del territorio, tras socializar o distribuir las ganancias del enriquecimiento del suelo.

 

Se entiende por “plusvalía urbana” el incremento en el valor del suelo producto de una acción estatal o un cambio normativo, como son las obras públicas y sus mejoras, o las decisiones estatales en relación con el uso del suelo. La “participación" de dicha plusvalía por el municipio, parte del derecho que tiene el Estado a la apropiación de todo o parte de ese mayor valor proveniente de sus acciones y de sus normas. En América Latina se ha venido tratando en forma creciente este tema, vital para el desarrollo de los instrumentos de reforma urbana como medio que evita la acción especulativa conducente a la apropiación indebida de la plusvalía urbana, en beneficio de los propietarios de la tierra bajo el amparo cómplice del Estado.

 

Son los Concejos Municipales los responsables de reglamentar su recuperación para ser volcada en beneficio de la comunidad que la crea, haciendo prevalecer el interés colectivo por encima del derecho individual de propiedad y de los procesos especulativos, actuando sobre tales valores añadidos al patrimonio, generados por la colectividad y por la estructura socioeconómica y no derivados de la propia cosa o de su actividad individual. De ahí que la implementación de la norma para este recaudo directo deba obligar al pago del impuesto al vendedor, sin permitirle traspasar la obligación al comprador por tratarse de un instrumento de equidad social.

 

Ya se ha anunciando en la ciudad, que nuestro Concejo se apresta a considerar de nuevo el correspondiente Acuerdo Municipal fijando el monto de la participación dentro de los topes señalados en la Ley 388 de 1997, entre el 30% y 50%, sin afectar la vivienda de interés social. El pago de dicha plusvalía, cuya cuantía se obtiene de comparar el incremento del valor del suelo antes y después de generarse, se hace exigible al expedir la licencia de construcción o de urbanismo y al emprender actos que impliquen transferencia de dominio. Mientras en Bogotá las cuantías establecidas se incrementaron al 50% desde 2006, en Manizales donde aún no hemos implementado este instrumento que regula la especulación del suelo, se propone el 30%.

 

Como ciudadanos estamos obligados a blindar la democracia, para que la inversión pública y las decisiones sobre el uso del suelo tradicionalmente orientadas por la lógica del mercado, consideren darle mayor importancia a la gente y al medio ambiente. Ahora, si la intención es construir “la ciudad sostenible”, entre los destinos posibles de dichas cuantías, en este territorio donde gravitan deudas sociales como las de la de renovación urbana San José y la pobreza rural, urgido de ordenar microcuencas para asegurar el agua, el saneamiento básico y la conectividad regional, apremian la adaptación al calentamiento global: una amenaza severa y multifactorial asociada a los modelos conflictivos de desarrollo agroindustrial y de ocupación del suelo urbano, en una economía deshumanizada basada en el consumo desmedido y soportada en la explotación indebida del medio ambiente. 

 

* Profesor Universidad Nacional de Colombia. http://galeon.com/cts-economia. [Ref.: La Patria, Manizales, 2013-12-23]. Imagen: Plano de Manizales 1916. Esc. de Arquitectura U.N. de Colombia.

 

Relacionados:

 

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·         Estrategias del desarrollo urbano-regional de Manizales, en: http://godues.wordpress.com/2013/09/16/

·         Gestión del riesgo en Manizales, en: http://godues.wordpress.com/2012/06/21/ 

·         La amenaza volcánica de Cerro Bravo, en: http://godues.wordpress.com/2013/06/24/ 

·         Los guetos urbanos o la ciudad amable, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2064/

·         Macroproyectos Cafeteros y Ciudad Región, en: http://godues.wordpress.com/2013/05/04/   

·         Manizales: funciones urbanas y metropolitanas, en: http://godues.wordpress.com/2012/01/23/

·         Movilidad y planeación urbana, en: http://godues.wordpress.com/2013/11/25/  

·         Pacífico colombiano, en: http://godues.wordpress.com/2012/12/30/

·         Seis diálogos con el territorio, en: http://godues.wordpress.com/2012/05/13/

·         Subregión Centro-sur & Ciudad-región, en: http://godues.wordpress.com/2012/07/23/ 

·         Temas de ordenamiento y planificación del territorio, en: http://godues.wordpress.com/2012/01/27/

'Viento seco', 1953

El EspEctador. WILLIAM OSPINA 23 NOV 2013 - 10:00 PM

En las primeras ocho páginas uno ya ha visto el infierno. Y faltan todavía sesenta.

Por: William Ospina

Daniel Caicedo publicó la novela Viento seco en 1953, para relatar la masacre de Ceylán, uno de los innumerables horrores ocurridos durante la violencia colombiana de los años cincuenta, precisamente cuando el gobierno conservador de la época cometió el horror de poner a la fuerza pública a perseguir y matar a los liberales.

El primer hecho asombroso, que muestra que de todas maneras Colombia tenía una fuerza moral indoblegable, es que alguien haya sido capaz de escribir tan temprano una novela tan notable por sus recursos literarios, y tan valiente por su contenido, para denunciar un hecho inhumano que comprometía a la dirigencia nacional, cuando apenas estaban ocurriendo los hechos.

Viento seco no pertenece al canon de la literatura colombiana porque todavía ese canon parece dictado por quienes quieren evitar que el país recuerde su historia y conozca la antigüedad de su tragedia.

Se entiende que el país bipartidista que surgió del abrazo de los jefes liberales y los jefes conservadores en 1958 haya procurado silenciar esos hechos. Tal vez pensaron que lo mejor para el país era olvidar lo que había ocurrido en los años previos, que para aclimatar la paz era necesario olvidar las atrocidades que los dos partidos habían cometido.

En las primeras páginas de esta novela no sólo se ven los crímenes que obraba la policía. Los campesinos que intentan escapar a la masacre saben que no pueden aparecer en el pueblo con la ropa y el cabello quemados a medias por el incendio, con la hijita casi asfixiada por el humo en los brazos, con el recuerdo de los padres y los peones mutilados y calcinados, porque la calle central de Ceylán está llena de detectives, la oficialidad estatal que apoya y ampara la masacre. Y los lectores vemos, no a unos funcionarios, vemos al Estado, con su aparato de oficinas y de sellos, de papel membreteado y de cargos públicos pagados con los impuestos de la ciudadanía, apadrinando el horror.

Ahora sabemos más que nunca que esas cosas no se debían ocultar. Que la única manera de impedir que las atrocidades se repitan, y que el horror se instale como un huésped eterno en una sociedad, es dejar que la literatura y el arte cuenten su verdad y ayuden a la comunidad a mantener la vigilancia. Porque no es solamente la vigilancia de unos partidos, la vigilancia sobre un Estado propenso a la injusticia y poroso para la corrupción, sino la vigilancia sobre la condición humana.

Lo que hacían en ese momento en Ceylán, en el Valle del Cauca, los conservadores, en otra parte lo hicieron después los liberales, más tarde lo hicieron los guerrilleros, y finalmente lo hicieron con renovada crueldad los paramilitares, bien ayudados por el Estado, precisamente porque somos el país de la memoria borrada, del pasado escindido, el país del silencio obligatorio y de la conciencia trunca. Y el arte está ahí, entre tantas cosas para ayudarnos a no perder la memoria y a no extraviarnos en la locura de la indiferencia, que incuba y prepara siempre las masacres por venir.

Da miedo leer las sesenta páginas siguientes. Pero sé que es preciso leerlas, y leer Carretera al mar (1954) de Tulio Bayer, y leer Lo que el cielo no perdona (1954) de Fidel Blandón Berrío, y Siervo sin tierra (1954) de Eduardo Caballero Calderón, y Chambú (1948) de Guillermo Edmundo Chaves, y Cóndores no entierran todos los días (1972) de Gustavo Álvarez Gardeazábal, y leer La mala hora de Gabriel García Márquez, todas las grandes novelas de la violencia colombiana, desde El día del odio de José Antonio Lizarazo hasta La resignada paz de las astromelias (2002) de Rubén Darío Zapata Yepes. Y leer todos los libros testimoniales que se han escrito valientemente en las últimas décadas, empezando por La violencia en Colombia de monseñor Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna; leer los hermosos y poderosos libros de Alfredo Molano, y los valientes libros de Arturo Alape, y los incontables libros con que el talento y la conciencia de Colombia han querido vacunarnos contra el horror, salvarnos de la locura, que, como decía Schopenhauer, es la pérdida de la memoria.

Esta novela, Viento seco, de Daniel Caicedo, tiene sesenta años, está cumpliendo sesenta años. Veinte años menos de los que está cumpliendo la violencia en Colombia, que ha recibido tantos nombres a lo largo del tiempo, pero que algún día recibirá su nombre verdadero.

Y la razón principal por la cual conviene leer todo esto, no es para atizar odios, ni para perpetuar resentimientos, ni para buscar culpables, ni para cazar brujas, sino para saber a qué atenernos frente a la condición humana, para entender que somos humanos, y que, como decía Wells, “nadie puede ser nada peor”.

Que por eso el Estado no puede jugar al juego espantoso de seguir favoreciendo intereses privados, que la fuerza del Estado no está para maltratar a los ciudadanos ni para castigarlos por sus opiniones ni para perseguirlos por sus creencias ni para ofenderlos por pensar distinto.

Que el Estado está para aplicar y hacer respetar unas leyes nacidas del consenso, que de verdad representen un contrato social, que sean una respuesta a las necesidades y sean dictadas en defensa de los derechos de las mayorías.

Da miedo leer las otras sesenta páginas. Pero debe dar más miedo no leerlas.

*William Ospina

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Propuesta Programática Verde de Caldas 21/09/2013.

Elementos Programáticos del Partido Verde de Caldas

Propuesta Verde para la Asamblea Nacional

El Partido Verde de Caldas presenta los siguientes elementos programáticos para la Asamblea Nacional del Partido Verde, que harán parte de las propuestas de los delegados de la Asamblea Departamental elegidos en Manizales el Sábado 21 de septiembre de 2013.

 

1- Dimensión Institucional:
Urge implementar un sistema democrático que facilite la representación de las regiones, y no la representación de intereses partidistas controlados por los actores sociales que han privatizado los asuntos públicos y centralizado el poder. En concreto, senadores y representantes, sólo podrán inscribir candidaturas por una sola región, en lugar de la actual circunscripción nacional. Similarmente, los diputados lo harán por una sola de las diferentes subregiones de los entes territoriales departamentales, y los concejales por una comuna o corregimiento del respectivo municipio.

2- Dimensión Social:
El Partido Verde tendrá como premisa ubicar a las personas en el centro del desarrollo y fortalecerá el estado social de derecho: luchará contra la inequidad y la pobreza, la carencia de vivienda y de salud, por el derecho a una educación de Calidad con equidad y de una educación propia para los grupos étnicos; velará por enfrentar los desafíos de la drogadicción y de la violencia urbana, contra la exclusión y la violencia de género, la delincuencia y el desempleo, por el derecho a la tierra, y el desarrollo rural y de la provincia colombianas. Igualmente, para el Partido verde el ejercicio de la democracia parte de la formación en la civilidad como valor supremo de la cultura urbana y de los procesos de gobernanzade como estrategias para la apropiación social de los procesos de construcción del territorio, de la paz, del desarrollo institucional y de lucha contra la corrupción, con concurso de la sociedad y de las comunidades de base.

3- Dimensión Ambiental:
Se sustraerá del Código de Los Recursos Naturales el carácter de recurso aplicado actualmente al agua, al suelo y a la biodiversidad, para redefinirlos como un patrimonio inalienable. Como principio debe plantearse que, mientras el oro, el petróleo y el carbón como recursos pueden ser explotados, el agua, el suelo de labranza y la biodiversidad son un patrimonio, y como tal deben preservarse y no considerarse una mercancía objeto del mercado. Igualmente, dado que la mega-minería amenaza con desestructurar territorios de comunidades rurales y culturas ancestrales, además de la destrucción de sus ecosistemas y fuentes de agua, el Partido Verde tendrá como premisa cerrar la puerta constitucional a los enclaves de la economía extractiva y a la minería a cielo abierto en zonas de páramo y sobre territorios habitados ocupados por cabeceras municipales.

4- Dimensión Económica:
La política social en todos los instrumentos de planificación y de desarrollo de los entes territoriales, desde la Nación y el Departamento hasta los Municipios de Colombia, tendrá como premisa fundamental la priorización del desarrollo humano y social sobre el crecimiento económico, para fortalecer la paz, la solidaridad y la ruralidad en el territorio colombiano. Y dado el abismo de oportunidades y asimetría del desarrollo entre ciudad y campo, y entre regiones polarizadas y despobladas de la patria, como estrategia "Verde" para cerrar la brecha de productividad e ingresos que sume a las comunidades rurales, se descentralizará el Presupuesto de la Nación en la Proporción de 6 a 3 entre las regiones y la Nación, y se implementarán políticas rurales que incorporen estrategias de CT&I y de desarrollo de la Cultura, para lo cual se propone implementar una "Segunda Expedición Botánica" y una "Segunda Misión Corográfica", en Colombia.

NOTA: Esos puntos no excluyen otras iniciativas programáticas de la Asamblea Departamental ni de los Delegados de Caldas.

Gonzalo Duque-Escobar y Claudia Torres Arango
Miembros Comité Programático Partido Verde de Caldas

El rey Salomón

El Espectador. Opinión |3 Ago 2013 - 10:00 pm

Por: William Ospina

Los campesinos no tienen las influencias, ni el derecho de argumentación, ni la intensidad sonora para que su clamor alcance los oídos de los príncipes.

Y si, exasperados por la distancia extrema, llega a ocurrírseles gritar, ello bastará para que algo en el tejido sensible del poder se crispe y los declare peligrosos.
Una noticia de la revista Semana del 29 de septiembre de 2010 mencionaba las zonas de reserva campesina como una fórmula posible para restituir las tierras arrebatadas a los campesinos, y para convertir a éstos en “prósperos propietarios”.
Juan Manuel Santos acababa de posesionarse como presidente de la República, y el 5 de septiembre, un mes después de su posesión, al presentar la sonora “política integral de tierras” había dicho: “Tenemos un ambicioso programa de formalización de la pequeña propiedad agraria, que les permitirá a los campesinos convertir en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan”.
Ya en esa noticia se decía que según los académicos, el conflicto había arrebatado a los campesinos 5,5 millones de hectáreas. Debido al conflicto, había crecido la concentración de la tierra para proyectos agroindustriales de grandes propietarios y cada vez había menos soluciones para la pequeña agricultura y para los campesinos desplazados.
De esas zonas de reserva campesina, consagradas hace casi 20 años por la Ley 160 de 1994, cinco ya existían: en Calamar (Guaviare), en Cabrera (Cundinamarca), en El Pato (Caquetá), en el sur de Bolívar, y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo), y una más, la del valle del río Cimitarra, había sido suspendida por el gobierno de Álvaro Uribe.
¡Qué prometedor parecía el gobierno de Juan Manuel Santos! ¡Qué preocupado se mostraba, cuando la locomotora minera prometía ser la fuerza que traería prosperidad al país, en resolver el problema agrario, en diseñar un nuevo mapa de productividad, de justicia y de equilibrio para el campo colombiano devastado por la guerra, para los campesinos ninguneados por la dirigencia y por su burocracia!
Aquí, en los primeros tiempos de los gobiernos, todo se ve iluminado con un resplandor milenarista. Brotan ideas nuevas, propósitos, soluciones. Pero tres años bastan para que los colores de la aurora se cambien por los tintes dramáticos del atardecer, y las promesas van al cesto como flores marchitas.
Al parecer los gobiernos dedican el primer año a descubrir, viendo las radiografías y los exámenes de laboratorio, qué clase de país les dejó el gobierno anterior; los dos años siguientes a enderezar el rumbo y echar a andar la máquina en el sentido que les parece correcto, y el último año a atender los desafíos de la siguiente campaña electoral.
Es fácil que no logren abrirles camino a muchas iniciativas, pero nada los inhabilita tanto como el espíritu señorial de su política, las influencias y los compadrazgos. Con tan poco tiempo para tomar decisiones, con procesos tan largos y complejos, y forcejeos tan enmarañados con el Legislativo, se entiende que apenas les alcance el oxígeno para favorecer a sus compadres y perpetuar lo que existe.
En el mes que acaba de pasar hemos visto dos fenómenos que tenían que ver con esa ley redentora del campo, que pronto cumplirá 20 años: un movimiento popular en el Catatumbo, que clama por la aprobación gubernamental de una zona de reserva campesina como esas otras que ya existen, con acompañamiento del Estado y con un importante esfuerzo de inversión pública; y una maniobra de los industriales de Riopaila que violando la ley y escudándose en sus supuestas imprecisiones, se ha hecho a 40.000 hectáreas de baldíos, aunque nadie tiene el derecho a acumularlos de ese modo.
Lo sorprendente es que el mismo Gobierno que hace tres años prometía con desvelo soluciones para los campesinos, haya dado a lo largo de varias semanas una ejemplar muestra de firmeza ante los clamores de los pobres, haya mostrado un carácter indoblegable en su negativa a aceptar los reclamos de los campesinos, y al mismo tiempo haya dedicado todos sus desvelos a encontrar una solución para que los inversionistas de Riopaila puedan conservar sus 40.000 hectáreas mal habidas.
La revista Semana hace tres años concluía: “La sugerencia es que los retornos se hagan en terrenos donde se pueda hacer comercio fácilmente y, ojalá, con campesinos organizados y con planes de desarrollo que conformen zonas de reserva campesinas. Esto, para los proponentes, debe contener también ‘el fortalecimiento de la economía campesina y no el enfoque agroempresarial’ que consiste en gigantescos cultivos de productos de exportación que, la mayoría de las veces, aporta poco alimento para el consumo interno”.
La misma revista, tres años después, nos dice que la decisión de legitimar el predio de Riopaila es una solución salomónica. Por fortuna, en otros artículos la revista Semana ha cumplido con el deber periodístico de demostrar que la maniobra de Riopaila violó el espíritu de la Ley 160 de 1994, que era “promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios”.
Porque el desenlace sería mortal: nada para los campesinos, todo para los empresarios, y Juan Manuel Santos diademado con los legendarios atributos del rey Salomón.

La identidad del territorio caldense

Por: Gonzalo Duque Escobar *

Caldas, urge del desarrollo de una identidad cultural orientada a la construcción de sinergias territoriales, y de proyectos de ciencia y tecnología articulados a un modelo educativo profundo, para cerrar la brecha de productividad entre su capital donde se concentra el PIB caldense, y la provincia donde pobreza y falta de oportunidades contrastan con su potencial natural y cultural, aún inexplorado e inutilizado.

Debemos fortalecer y valorar el carácter heterogéneo de nuestro territorio, que emulando la cosmogonía Aristotélica lo constituyen cuatro escenarios: por el "elemento tierra" el occidente minero con sus raíces indígenas y afrodescendientes, cuya historia se remonta a la provincia del Cauca; por el "elemento agua" el oriente caldense, que se expresa en el potencial de la navegación del Magdalena y recursos hidroenergéticos en La Miel y el Samaná; por el "elemento fuego" la alta cordillera de fértiles tierras, recursos geotérmicos y ecosistemas de páramos, con sus volcanes de la Mesa de Herveo; y por el "elemento aire" el aroma del café por los dos corredores de la colonización antioqueña, establecidos por sendos flancos cordilleranos.

Primero, respecto a la subregión del "elemento tierra" cuyos referentes culturales fundamentales como la cultura Umbra y el aporte de comunidades de mineros afrodescendientes a la caldensidad, parten de la Colonia cuando la Nueva Granada producía el 70% del oro del mundo y Quiebralomo era la primera mina del orbe, se debería rescatar a Marmato previniendo el traslado de su cabecera en respuesta a las políticas mineras, y aprovechar los 9,8 millones de onzas de oro de sus entrañas, implementando una minería integral con desarrollos artesanales del preciado metal, en lugar de permitir un enclave minero que arrase el poblado y la montaña, y desestructure dicho territorio mediante una actividad extractiva sin valor agregado.

Segundo, en la tierra del "elemento agua" donde los íconos son la navegación del río, subiendas, ranchos de hamacas y la Botánica de Mutis, poseemos un potencial energético cercano a dos millones de kilovatios, cuyas regalías contribuirían a la viabilidad de los municipios cordilleranos del naciente caldense, y la posibilidad de una reducción significativa de costos del transporte hacia y desde el Caribe por el Magdalena, dos factores que harían viables varias industrias químicas de base minera contempladas en el respectivo plan sectorial de Caldas 2006-2016, gracias a un trascendental estudio de Gabriel Poveda Ramos que contiene perfiles de proyectos donde las materias primas provendrían de yacimientos cercanos de carbón, calizas, sal y arenas silíceas.

Tercero, el ecosistema del "elemento fuego" en la alta cordillera de feraces suelos y paisajes de nieves y volcanes, donde los símbolos de la identidad son empalizados, cóndores, frailejones, la ruana de Marulanda, el sombrero aguadeño y el pasillo; allí la primacía debe ser cuidar el agua como fuente de vida y el frágil ecosistema de humedales y páramo, y atender la amenaza volcánica como determinante, pues de sur a norte aparecen Santa Isabel, Ruiz, Cerro Bravo y Romeral.

Y cuarto, para el "elemento aire" en la tierra del café, donde el Paisaje Cultural Cafetero realzando el bahareque de guadua, cultivos diversificados con sombrío y la música de carrilera, obliga a replantear un modelo de producción soportado en agroquímicos y monocultivos que expresa en sumo grado el deterioro de los términos de intercambio, consecuencia de haber reprimarizado la producción, olvidando la transformación y el comercio del café colombiano.

Al revisar los grandes desafíos de la época, además de priorizar la formación del capital social sobre el crecimiento económico, urge recuperar cuencas hidrográficas para preservar agua y biodiversidad; prevenir el aislamiento de Manizales; conurbar la subregión Centro Sur con Pereira; gestionar acertadamente proyectos como Aerocafé, Miel II, la Transversal Cafetera y la navegación del Magdalena; extender las acciones del Paisaje Cultural Cafetero a Aguadas, Salamina y Manzanares; desarrollar las TIC y el transporte rural en Caldas; resarcir pueblos coloniales de secular mísera "sembrados" en oro como Marmato, Riosucio, Supía y Anserma; desarrollar estrategias para que el Oriente caldense aproveche el potencial industrial derivado del recurso minero-energético y la multimodalidad en el puerto doradense, además de desarrollar las opciones agropecuarias del valle magdalenense, de la alta cordillera y de la zona cafetera.

* Profesor Universidad Nacional de Colombia http://galeon.com/cts-economia [Ref: La Patria, Manizales, 2013-07-08] Imagen: Mosaico con créditos en cada imagen.


Relacionados:

Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional.http://www.bdigital.unal.edu.co/2400/
Vías lentas en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero, en:http://www.bdigital.unal.edu.co/5465/
Seis girasoles emblemáticos para la problemática socioambiental de Caldas, en:http://godues.wordpress.com/2013/06/09/
Salamina patrimonial y emblemática, en: http://godues.wordpress.com/2012/08/20/
Retrospectiva histórica de Marmato, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/5948/
Pobreza y ruralidad cafetera, en: http://godues.wordpress.com/2012/12/24/
El Paisaje Cultural Cafetero, en: http://godues.wordpress.com/2012/08/06//
Eje Cafetero: fortaleza minero-industrial y posibilidades agropecuarias, en:http://www.bdigital.unal.edu.co/6656/

El carácter amable, pujante y laborioso del cafetero, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/6731/
Anserma puntal del occidente por sus raíces Umbra, en:http://godues.wordpress.com/2012/10/01/

Antes de que el arco se rompa

El Espectador.

Opinión |20 Jul 2013 - 10:00 pm

Por: William Ospina

Ante las justas protestas de los campesinos del Catatumbo, abandonados por décadas de negligencia estatal en manos de las guerrillas, de los paramilitares, de las multinacionales, de la minería salvaje y de los rigores del clima; ante el clamor de unos campesinos que reclaman inversión social y una zona de reserva campesina aprobada por la Constitución, que muchos consideran la solución a algunos de los problemas del campo colombiano, Santos, con la arrogancia de la vieja aristocracia, con la soberbia clásica de los gobernantes de este país, está permitiendo que una crisis de días se convierta en un problema humanitario de mayores proporciones.

Tenía la oportunidad de decir a los manifestantes: “Todavía no sabemos cuáles puedan ser las ventajas y las desventajas de esas zonas de reserva campesina, pero esta es una excelente oportunidad de poner a prueba un proyecto piloto con inversión pública, presencia del Estado y vigilancia de los medios y de la comunidad internacional, para que no se diga que estas decisiones sólo las podemos tomar de acuerdo con las guerrillas y después de largas discusiones con ellas. En breve tiempo podremos ver si es verdad, como dicen sus adversarios, que se pueden convertir en focos de conflicto, o si, como dicen sus defensores, permiten el desarrollo de una economía comunitaria que por fin ayude a los campesinos a salir del aislamiento y de la miseria, y los incorpore a la sociedad y a la modernidad”.

A lo mejor esa decisión permitiría trabajar conjuntamente con los campesinos en crear un laboratorio de solución de conflictos donde es más importante: a nivel local. Porque tal vez tanto el Gobierno como la guerrilla se equivocan pensando que la paz se puede construir primero en papeles en una mesa y después trasladarla mecánicamente a las provincias.

La paz se construye con la comunidad, allí donde están los problemas: la necesidad de una economía familiar, la necesidad de una agricultura integrada a los desafíos de la época, la necesidad de un modelo de seguridad del que formen parte la confianza ciudadana, la opinión de las personas y las oportunidades reales de progreso.

Es, por supuesto, urgente que las armas se silencien y que este maligno conflicto de 50 años, nacido de la arrogancia del poder y del desamparo de las comunidades, un conflicto que se ha ido degradando y envileciendo por la dinámica normal de una guerra bárbara y eterna, termine por fin, para sosiego de los humildes hogares campesinos que lo padecen, de las jóvenes generaciones que son inmoladas en él, y para que puedan arrancar la modernización y la prosperidad del país.

Santos no debería desconfiar tanto de sus propias decisiones. Está dialogando en La Habana con los insurgentes, pero teme que sus críticos desde el guerrerismo lo acusen de ser débil, por hacerles concesiones a unos campesinos que es evidente que han padecido no sólo la guerra, sino el modo insensible y arrogante como se gobernó el país por todo un siglo.

Debería no poner a depender todo de la negociación. Aquí muchos saben que si el Estado, por su propia iniciativa, hubiera tomado la decisión de modernizar el campo y de abrirles un horizonte de justicia a millones de seres humildes en toda la geografía nacional, no tendría que estar pactando ahora cosas tan elementales con unos ejércitos insurgentes.

Yo creo que el Gobierno colombiano representa muy parcialmente a la sociedad colombiana, pues aunque es elegido por millones de personas, suele gobernar para los intereses de muy pocos. Pero aun así, creo que el Gobierno representa a muchas más personas que la guerrilla: en esa medida está en la facultad de tomar grandes decisiones benéficas por sí mismo, y si no lo ha hecho históricamente ha sido por torpeza, por ignorancia, por soberbia o por desprecio a la comunidad.

Además, ¿por qué creer que se les están haciendo concesiones a las personas? El país es de la gente. La decisión de ayudarles a los pobres a vivir mejor, la decisión de escuchar sus clamores de angustia, y de manejar con serenidad y con respeto sus estallidos de desesperación, no es debilidad, es fortaleza. Significa que el Gobierno sabe que está gobernando para resolver problemas, no para satisfacer su arrogancia.

Gentes que lo han tenido todo, como las que nos gobiernan, no saben lo que es estar en el desamparo, en la falta de horizontes, en la tiniebla de la incertidumbre y de la soledad. ¿Por qué mirar siempre el dolor de los pobres, que los lleva a afrontar a veces riesgos tremendos, como una expresión de maldad, como algo que obedece siempre a un libreto infernal? Pobre democracia la que obedece a semejantes prejuicios, y la que se eterniza en esas terquedades y en esas arrogancias.

Juan Manuel Santos ha desperdiciado una oportunidad de mostrarse generoso, de mostrarse estadista, de mostrar que es capaz, si no de sentir, por lo menos de imaginar el estado de postración en que vive el pueblo al que gobierna. Pero a lo mejor todavía está a tiempo de asumir una actitud más inteligente. En vez de esperar que, uno tras otro, le estallen los incendios de la inconformidad popular, que el país se reviente entre sus manos como el arco del viejo rey nórdico, podría asumir esta posición que me parece la más sensata.

No se le ha ocurrido a él. Pero también saber escuchar forma parte del arte de gobernar.

Juan Manuel Santos acaba de desperdiciar una oportunidad de oro para demostrar no sólo que es un hombre inteligente, sino también que es un estadista.