Por: Gonzalo
Duque-Escobar*
Si bien la firma del histórico acuerdo de la Habana no es la
Paz, si es una oportunidad para crear condiciones propicias que permitan
emprender los complejos procesos con que ésta se construye, a partir de una
aceptación colectiva y de un cambio de actitud personal, como condiciones
necesarias de soporte para las reformas estructurales, urgentes pero de largo
plazo, que resolverán las disfunciones socioambientales que se han venido
acumulando por más de medio siglo, como consecuencia de un Estado débil y de un
modelo económico que al cooptarlo con la reforma a la Carta de hace 25 años, ha
acentuado la inequidad, facilitado la corrupción y favorecido la violencia que
explica cerca de ¾ de millón de víctimas mortales y más de cinco millones de
desplazados, causados por el conflicto armado.
Ahora, por no haberse logrado una reforma agraria en 200
años de creada la república, ni haberse modernizado el Estado colombiano
durante las dos décadas del Frente Nacional, ni con la Asamblea Constituyente
de 1991, al igual que las guerras civiles del siglo XIX y la violencia
partidista, sin que haya quedado base histórica alguna de logros en materia de
igualdad de oportunidades en beneficio de las bases sociales y en particular
para beneficiar a los campesinos, también ahora pese al acuerdo de paz
concluyendo el conflicto de los últimos cincuenta años que produjo más de
doscientas mil muertes, con la violencia implementada por nuevos actores
armados, sumada a la desaparición sistemática de líderes sociales, a la
arremetida de actividad extractiva y a las trabas políticas al proceso de paz
por parte de los sectores más retardatarios que objetan la JEP, se continúa
desplazando al campesino hacia las ciudades.
El solo hecho de un referendo que decide desde la ciudad el
problema que agobia el campesino al auscultar la opinión, fortalece la
democracia. Ahora, si pareciera que apostarle a no perpetuar el conflicto
mediante la vía del perdón no fuera importante, basta considerar las
consecuencias de unas relaciones asimétricas, en las que los pobres son cada
vez más pobres y los ricos más ricos, y en la que se advierte la brecha entre
los colombianos rurales y urbanos, lo que obliga a parar el conflicto armado
para ubicar a las personas en el centro del desarrollo, en vez de persistir con
la vía de las armas para mantener vigentes las políticas públicas que en
beneficio del Mercado vulneran los derechos humanos, en lugar de fortalecer el
Estado Social de Derecho.
Al examinar la fragmentación y la crisis social en un
panorama agravado por la impunidad presente en el ejercicio de impartir
justicia, por la corrupción de quienes usurpan la voluntad de los servidores
públicos, por la inseguridad generalizada que siembra temor y desesperanza en
las personas, por la violencia en la familia, en las escuelas y en el trabajo,
y por la pérdida de confianza en las instituciones y en las personas que las
representan, queda claro que siendo fundamental la desmovilización de la
guerrilla, la Paz sólo es posible si entre otros asuntos, además de atender la
grave problemática socio-ambiental , 1- se fortalece el Estado a través de la
democracia mediante la gobernanza y el fortalecimiento de la sociedad civil; 2-
se armoniza el desarrollo de los mercados internos sin doblegarlos al interés
económico de las multinacionales; 3- se implementan reformas en las políticas
laborales afectando variables económicas y financieras; 4- y se desarrollan
políticas fiscales y monetarias que antes que conceder privilegios y
reprimarizar la economía, permitan incrementar la base tributaria para
financiar el gasto público destinado a programas sociales y a la construcción
de la Nación.
Definitivamente, porque sin la reforma de las leyes que
menoscaban el bien general, el empleo no crecerá conforme se dé el crecimiento
económico, los devenires económicos generarán conflictos sociales y políticos,
y el mal tiempo para la democracia afectará el clima para La Paz que todos
buscamos. Veamos:
Colombia: ¿muere el país rural? (0)
Si a nivel mundial, el carácter de un territorio suele
calificarse de rural o urbano, Colombia por ser un país de regiones donde el
94% de la tierra es rural y el 30% de las personas vive lejos de las urbes, aún
sigue siendo un país fundamentalmente rural. Allí, donde el 80% de los
propietarios son minifundistas, ya que según el Censo Nacional Agropecuario,
las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) de menos de 0,5 hectáreas
representan el 70,4% del total de UPAS, tenemos que el 77% de la tierra está en
manos del 13% de los propietarios, y el 30% le pertenece al 3,6% que son
latifundistas. Examinemos las limitantes históricas de su desarrollo y las
determinantes de la nueva ruralidad.
En primer lugar, la estructura de la propiedad de la tierra
caracterizada por un Gini de la tierra del 0,88 (Oxfam, 2016), medida de la
desigualdad que en lugar de bajar crece tras medio siglo de violencia y despojo
de tierras, lo que se traduce en una regresión a la reforma agraria, cuya
historia fallida pasa por las leyes de tierras de 1936 y de 1944, la creación
del Incora (Ley 135 de 1961 y Ley 1ª de 1968 que la modifica), la Ley de
Amnistía de 1982, la Ley 30 de 1988 y la Ley 160 de 1994. Con todo esto, en las
dos últimas décadas, de la superficie agropecuaria del país estimada en 44
millones de hectáreas, 6,6 millones equivalentes al 15% han sido despojadas.
Y segundo, las brechas de ingresos y pobreza entre ciudad y
campo, dado que el ingreso medio percápita rural es la tercera parte del
urbano; y para subrayar tal fisura, basta señalar que mientras la pobreza
campesina llega al 66%, la indigencia es del 33%. Al respecto las dinámicas del
empleo rural muestran hoy que el agro aporta el 20% de la población total en
edad de trabajar; en dicho indicador, cacao, café, palma de aceite, banano y
arroz, han sido los principales generadores de empleo, en este sector
caracterizado por tasas de participación y ocupación altas y estables, pero con
altos niveles de informalidad y baja remuneración.
Añádanse a este panorama, que: 1- los 7,7 millones de
víctimas del desplazamiento forzado ocurrido desde 1985, según la Defensoría
del Pueblo muestra una afectación desproporcionada sobre comunidades indígenas
(6,2%) y afro-colombianas (21,2%); 2- la pobreza por acentuarse en los medios
rurales y hacerse menos notoria en el ámbito de las mayores conurbaciones,
tiene características territoriales bien definidas; y 3- el subdesarrollo rural
que se relaciona con el bajo desarrollo del aparato productivo del campo,
conduce a la precariedad de los indicadores sociales.
Ahora, el tema en el Plan Nacional de Desarrollo, que al
olvidarse de la democratización de la propiedad de la tierra pareciera
orientarse únicamente al necesario desarrollo agroindustrial, por olvidar lo
fundamental del “Pacto por la equidad rural y el bienestar del campesino” fruto
de una concertación, pareciera desconocer además del Acuerdo de paz, la
Sentencia C077 de 2017 de la Corte Constitucional considerando a los campesinos
y trabajadores rurales sujetos de especial protección constitucional, dada la
deuda histórica por las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los
ha afectado, así como por los desafíos que enfrentan con modelos
agroindustriales que sustituyen la producción rural artesanal, y los cambios en
usos y explotación de recursos naturales.
En el anterior contexto, entre otros factores que inciden en
la nueva ruralidad colombiana, tenemos las cadenas agroalimentarias: de todo el
potencial, únicamente 6 millones de hectáreas son aptas para el sector pecuario
y 2 millones están en cuerpos de agua; y salvo en palma de aceite y en cacao
donde el país aporta poco menos del 2% de la producción mundial, falta mayor
participación en el mercado de productos con alto nivel de demanda, como maíz,
aceite de soya, cítricos, y frutas tropicales. Al cultivo del café cuya crisis
se refleja en una participación del 0,8% del PIB, se suma el precario mercado
forestal donde Colombia participa con menos del 0.1% de la producción mundial,
estimada 3.700 millones de dólares (FAO, 2015).
Para mitigar los impactos sobre la vida campesina, cuya
producción artesanal no se puede confundir con industria ni agroindustria, una
de las determinante debe ser el empoderamiento del territorio, donde los
procesos de cambio que exigen objetivos relacionados con cultura rural y
calidad de vida, demandan una educación centrada en el desarrollo humano como
clave para alcanzar la equidad, y estrategias de ciencia, tecnología y cultura
para elevar la productividad en el contexto del territorio, siempre y cuando se
parta de la premisa de que el país le apostará a una verdadera reforma agraria
que distribuya la tierra, dado que el problema real del campesino colombiano
reside en la inequidad.
Lograr la necesaria interrelación entre los escenarios
urbanos y rurales, respetando los derechos socio-ambientales del territorio
como construcción social, puede conducir a un crecimiento económico con
desarrollo, si para el efecto la Ley Zidres que entrega en concesión grandes
baldíos y apalanca con tierras el desarrollo agroindustrial del país, en las
políticas agropecuarias hubiera implementado una reforma agraria para
democratizar la propiedad, ya que la inequidad en la tenencia de la tierra es
quizás el mayor lastre que ha impedido el desarrollo rural de Colombia en 200
años de historia: en la cosmovisión del campesino, la tierra como factor
productivo y vínculo cultural es un bien fundamental e inalienable.
Máscaras de guerra y paz (1)
En estos tiempos de grandes decisiones y cambios
fundamentales como los que supone la Paz que soñamos tantos colombianos,
naturalmente van saliendo dificultades surgidas del conflicto de intereses
entre las partes, como de la incapacidad consustancial de algunos actores
sociales con precario desarrollo conceptual. Las primeras de aquellas, por
regla general consecuencia de posturas antes veladas y ahora abiertas de
quienes tienen más poder del que merecen y que no desean perderlo, y las
segundas, fruto de una percepción limitada del mundo, la que se expresa en
desconfianza para actuar con acierto, por parte de una inmensa mayoría de
colombianos, que desafortunadamente beben mensajes cargados de pasiones y malas
intenciones, orquestados por los primeros.
Hace lustros escuchaba en mi Universidad al respecto, de un
importante académico de esos que sueñan con la construcción de la Nación, la
tesis anterior ilustrada con una magistral idea: el establecimiento en que se
soporta una sociedad, después de todo necesariamente termina por cumplir su
vida útil tras un ciclo de evolución, razón por la cual, tras la
intensificación de los conflictos surge la crisis y con ella la necesidad de un
cambio estructural. Una imagen para ilustrar la dinámica de semejante proceso,
es la de un espacio que estando atado a un ordenamiento propio de su estado inicial,
tras el surgimiento de una nueva sociedad y las nuevas circunstancias, exige
liberar sus ataduras para dilatarse, reacomodarse y cerrarse de nuevo, con
otras fronteras y posibilidades para los actores; pero es allí donde algunos,
tras liberar las ataduras del establecimiento, al no saber a dónde ir ni cómo
moverse para sacar legítima ventaja, terminan atentando contra el proceso y
rompiendo compromisos.
Para nadie es un secreto que la historia social de Colombia,
ha estado cruzada por la injusticia de unos privilegios e inequidad relevantes;
que la distancia ideológica entre liberales y conservadores, al no generar
contradicciones políticas solo cierra espacios y alternativas de
participación; y que el excluyente lenguaje de la competitividad tan solo
ofrece opciones reales para una reducida fracción de la población. En ese orden
de ideas, sólo con estos elementos podría trazarse un escenario de acuerdos
fundamentales, a partir de los cuales se implementen políticas para corregir la
inequidad, cerrar la profunda brecha de ingresos promedio entre ciudad y campo,
democratizar las oportunidades políticas en bien de la sociedad civil,
destronar el imperio de una corrupción que se escuda en la impunidad de la
justicia, y corregir los factores económicos y políticos que históricamente
oprimen a las grandes mayorías.
A modo de ejemplo, el conflicto de la tierra donde la
verdadera inequidad resulta visible solo cuando se mide la concentración de la
propiedad a partir de los precios de mercado y no de la extensión de los
predios como suele presentarse, o de los impuestos dado que el valor en el
registro predial tampoco funcionaría cuando sabemos cómo la corrupción afecta
el sistema predial ejerciendo influencias sobre alcaldes y demás funcionarios
para subvalorar la propiedad, como pago de favores por el financiamiento de
campañas electorales. Dicho conflicto, importante por su rol como dinamizador
histórico, ya que tras las guerras civiles del siglo XIX consecuencia de la
ambición política y alimentada por la pobreza en un escenario profundamente
rural, terminadas las contiendas pero no los conflictos, se crean las
condiciones para la violencia partidista de mediados del Siglo XX, cuya causa
fundamental parte de una problemática social desatendida, como son las
necesarias reformas laborales para los trabajadores y el acceso a la tierra
para los campesinos, dos temas que resultan eclipsados por la disputa
bipartidista del poder.
Y mientras sigan persistiendo el divorcio entre “país
político y país nacional” manteniendo cerrado el escenario de participación
política, el atraso del campo expresado en una brecha de productividad e
ingresos, y los aires guerreros que camuflan el enfrentamiento del campesinado
con los propietarios de tierra intentando perpetuar la inequidad, se perpetuará
la actual violencia insurreccional que se vive en el campo, y posiblemente se
hará más compleja la solución a los nuevos conflictos urbanos, que ya se
multiplican y extienden más allá de las metrópolis colombianas, alcanzando las
pacíficas ciudades de la zona cafetera.
Lo anterior no solo para advertir que, si bien el ritmo en
que surgen los conflictos y su potencial intensidad serán crecientes en virtud
de la acelerada dinámica y mayor complejidad de los cambios de vida y experiencias
sociales en el curso del tiempo; también más allá de un simple acuerdo para
detener la guerra sin atender los males que la explican, el proceso de paz
necesariamente debe alcanzar acuerdos mínimos para trazar políticas y emprender
acciones sociales, económicas y ambientales, suficientes para desencadenar
cambios estructurales, como resultado fundamental para la construcción de una
Nación más digna.
Retrospectiva de la Constitución Política (2)
El 4 de Julio de 1991, al firmarse en Colombia la reforma
fundamental a nuestra carta máxima, fruto de un consenso entre partidos,
pasamos del Estado de derecho de 1886, a un Estado social de derecho, en el que
se consagran además de los derechos fundamentales de los ciudadanos, otros
derechos económicos, sociales y colectivos, y varios mecanismos como la tutela
y las acciones populares para asegurarlos, creándose al tiempo la Defensoría
del pueblo como un instrumento para velar por los derechos humanos.
Como antecedente lejano, si tras la crisis de los años 30
habíamos abandonado el modelo agrario e incursionado en el de sustitución de
importaciones bajo los preceptos Cepalinos, más adelante facilitamos la
dictadura de Rojas para enfrentar la violencia política, y en 1957 mediante un
plebiscito creamos el Frente Nacional como una coalición bipartidista, para
modernizar el Estado. Pero en los 90, con la presencia guerrillera y los aires
de la modernidad, era evidente que el fin no se había alcanzado: pese a los
cuatro gobiernos que se repartieron el poder, el Estado no logró crear las
condiciones para fortalecerse, resultando así un “para-estado” que lo sustituyo
conformado por quienes ejercían la justicia por su propia mano y por
organizaciones que lo cooptaron, además de la presencia de actores armados.
Fue entonces cuando las dinámicas de la apertura económica
facilitaron una nueva reforma constitucional para adecuar el Estado, dándose de
paso el cambio de la democracia representativa por la participativa, al
consignar en ella novedosos elementos como el respeto por las minorías étnicas,
la libertad de cultos y la equidad de género, y diferentes mecanismos de
participación democrática como la consulta popular, el plebiscito, el
referendo, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato.
Y en materia de derechos ciudadanos, se crearon la acción de cumplimiento, la
acción popular, la acción de legalidad, las acciones de grupo, el derecho de
petición, e instrumentos como las juntas de vigilancias, veedurías ciudadanas,
y audiencias públicas, al tiempo que se estableció que “La paz es un derecho y
un deber de obligatorio cumplimiento”.
También ha habido reformas sustantivas a la carta: la
transferencia de recursos a las entidades territoriales, la expropiación de
bienes sin indemnización por razones de interés social, la extradición de
nacionales por delitos cometidos en el exterior, la expansión del régimen
pensional para incluir a casi toda la población, la pérdida de derechos
políticos por delitos contra el patrimonio del Estado, y la reelección
presidencial inmediata, entre otros.
Ahora, si en materia económica se crearon las bases para dar
paso a la economía de mercado bajo los preceptos del modelo neoliberal, al
admitir que el Estado enajenara o liquidara sus empresas monopolísticas que no
cumplan los requisitos de eficiencia, así promoviera la democratización de la
titularidad permitió otorgarle a terceros el desarrollo de su actividad
económica. Entonces, al desmontar el Estado Keynesiano, esta vez pudieron más
el modelo neoliberal y la apertura económica, que el carácter democrático de la
Constitución; a modo de ejemplo, basta ver los efectos de la Ley 100 de 1993
sobre la salud, las pensiones y los riesgos profesionales, que desdiciendo del
espíritu solidario de la carta incorpora una política social subsidiaria y
neoliberal, en beneficio de organizaciones empresariales de intermediación
(EPS, IPS, ARS y ESE).
Posiblemente, tras el cambio de modelo económico
incorporado, aunque algo se ha logrado con la Constitución Política, el
capitalismo salvaje parece haber podido más que la consagración de principios
como la solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, toda vez que a partir
de los años 90, la institucionalidad del “para-estado” actuando con expresión
militar, social, política y económica, ha prosperado y se ha acentuado como
nunca en la historia del país. Basta escuchar las noticias sobre la muerte de
niños Wayuu en Guajira para saber de la corrupción a través del soborno, la
adjudicación indebida de contratos, el clientelismo y el desvío de recursos
públicos; de la confrontación armada entre las FFAA y guerrillas para entender
el flagelo de legiones de campesinos desplazados sin tierra que cargan las
huellas de la violencia; o de la tragedia de líderes y reclamantes de tierras
en Montes de María y Urabá muertos o afectados por presiones, hostigamientos y
amenazas.
Tercera vía y desarrollo en Colombia (3)
Si deseamos un mejoramiento de la calidad de vida de los
colombianos, debemos partir de la educación por ser un proceso con el cual se
liberan y desarrollan las personas, formándolas en actitudes, valores y respeto
por lo público, además de generar en los individuos capacidades que les permita
actuar como miembros de la sociedad civil de forma responsable con el medio
ambiente y con visión de futuro, decidiendo sobre los asuntos propios del
hábitat. Al respecto, antes de abordar la calidad de la educación, habrá que
empezar por replantear el actual modelo educativo por anacrónico, al ser un
tema de primer orden, dado que esta sociedad demanda formar en competencias
para la nueva sociedad del conocimiento, sin perder de vista que nuestro
particular contexto natural y cultural, responde al ámbito latinoamericano.
Con la intensión de buscar soluciones a los problemas del
país, de conformidad con la triada priorizada para el período Santos II, “Paz,
equidad y educación”, el gobierno implementará propuestas en el marco de “La
tercera vía”, un híbrido que toma elementos del capitalismo y del socialismo
para seleccionar alternativas y argumentar opciones acordes con una visión no
conflictiva del futuro, pero trazando políticas públicas en un mundo cada vez
más abierto, donde a primera vista no habría posibilidad práctica de encontrar
tres vías y tampoco una tercera desde la perspectiva de la teoría económica,
salvo que la propuesta sea priorizar la formación de capital social sobre el
crecimiento económico, y no la fórmula contraria que nos ubicó en un sitial de
privilegio entre las naciones menos equitativas del planeta.
Lo anterior, porque en la realidad colombiana donde paros
agrarios, conflictos mineros y desempleo formal caracterizan a esta sociedad,
dada la naturaleza compleja tanto del sistema social como del natural, la
problemática socio-económica en un escenario premoderno como el nuestro, no
puede admitir respuestas simples, dado que en virtud de la naturaleza de las
relaciones entre colectividades humanas y medio ecosistémico, más allá del
neoliberalismo y del keynesianismo, necesariamente se dan muchas formas de
capitalismo y múltiples formas en la organización social, incluyendo la
democracia comunitaria. Para el efecto, veamos nuestras circunstancias en las
tres dimensiones del desarrollo:
En lo ambiental, durante los últimos años, la deforestación
que alcanza niveles del 41% en la Región Andina, aunque en Colombia las tasas
hayan disminuido, ha pasado factura con inundaciones y sequías por toda la
geografía nacional, y con la contaminación hídrica por los vertimientos
industriales y agroindustriales principalmente, así seamos el sexto país del
mundo en oferta de agua, hemos comprometido el 50% del valioso patrimonio: con
sendas problemáticas, nuestros ecosistemas se han desmejorado de forma
sistemática, incluidos páramos y humedales legalmente protegidos, pero también
los bosques andinos que permanecen a la deriva, por lo que una proporción
considerable de la biodiversidad está amenazada.
En lo social, nuestras principales problemáticas se
relacionan con violencia, conflicto armado, desplazados, narcotráfico y
corrupción. Mientras la guerra históricamente ha estado ligada al desarrollo
económico colombiano, la violencia ha partido del ejercicio indebido del poder
buscando el control y asalto del Estado, para acumular tierras y riqueza. Y
como fenómenos asociados, además del desplazamiento forzado cuyas víctimas
sumarían 5 millones, tenemos el narcotráfico ejercido por bandas criminales
dedicadas al microtráfico, sicariato y extorsión, o por las Bacrim herederas de
las Auc, quienes retomaron el control de las actividades criminales de
paramilitares y narcotraficantes.
Y en lo económico, aunque los temas sustantivos se
relacionan con inequidad y pobreza, empleo y productividad, crecimiento
económico, inversión en infraestructura y balanza de pagos, aunque el país ha
presentado notables avances los principales problemas se asocian, en primer
lugar, con la inequidad, que a diferencia de la pobreza resulta más difícil de
resolver; en segundo lugar, con la falta de acceso a un empleo de calidad y con
la obsolescencia del aparato productivo, consecuencia de una brecha de
productividad por carencia de políticas de ciencia y tecnología en especial
para el agro, donde aquélla explica la concentración del ingreso en los medios
urbanos; y por último la salud, dada la falta de cobertura y dificultades de
acceso equitativo a servicios de buena calidad en forma oportuna y eficiente.
Terrorismo y guerra, la ruta equivocada (4)
Cincuenta años de guerra, no sólo le han dejado a Colombia
dolor y el pasivo humanitario por una violencia que le pasa factura a ricos y
pobres, independientemente de si se trata de empresarios y terratenientes, o de
campesinos, indígenas y afrodescendientes. Aparte de las ideologías políticas,
el demencial acto del Eln por su carácter eminentemente terrorista y cuya
autoría ya ha admitido, ha recibido un rechazo generalizado no sólo de
diferentes actores de la clase política, y de intelectuales, líderes sociales y
personas del común, sino también de organismos internacionales.
El atentado del pasado jueves 17 de enero en la Escuela de
Cadetes General Santander, cobrando la vida de jóvenes policías desarmados que
se formaban, por ser una declaración de guerra que vuelve a poner al país ante
un pasado doloroso, que va en contra del desarrollo de los procesos de paz y de
reparación a las víctimas, también beneficiaría a otros actores del conflicto
armado colombiano, como los que vienen masacrando líderes sociales para
beneficiarse de la ilegalidad o de la guerra, al igual que a bandas criminales
y disidencias que disputan territorios.
Posiblemente las dificultades del proceso de Paz alimentaron
la iniciativa del grupo guerrillero, cuya capacidad de actuar aisladamente con
sus milicias como grueso de su organización donde los combatientes constituyen
sólo una fracción, tampoco ha podido ser desmantelada por el Estado colombiano.
Recuérdese que en el último lustro, conforme el Eln empieza a financiarse
mediante el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico,
fortalece su estructura de unos 1800 miembros, con fuerte presencia en Arauca,
Catatumbo, Chocó, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Cauca y Nariño.
La lección que deja el proceso de Paz, es que optar por la
confrontación armada en lugar de una negociación, conlleva a campos minados,
reclutamiento de niños, desplazados y víctimas, y como tal a la violencia que
asola los medios rurales y que ahora amenaza los centros urbanos… En las mesas
de diálogo con el Eln, aunque no nunca se iniciaron negociaciones, se esperaba
un acuerdo humanitario para mitigar la violencia y prevenir confrontaciones,
mientras se llegaba a acuerdos que deberían apuntarle a las causas reales del
conflicto, un asunto tan complejo como sus orígenes y efectos.
Seguramente, las condiciones para la confrontación armada en
Colombia, que parten de las guerras civiles del siglo XIX y luchas agrarias de
principios del siglo XX, pasan por la fallida reforma agraria de la “Revolución
en Marcha” en los años 30, que por no contener las luchas campesinas desemboca
en la violencia partidista de los años 40 y 50. Aunque lo anterior lleva a la
creación del Frente Nacional como estrategia para modernizar el Estado, el
fracaso de esta fórmula bipartidista, y el aporte ideológico en los años 60 de
las revoluciones cubana y cultural china, dan origen no sólo al fortalecimiento
sindical, sino también a las guerrillas como estrategia de lucha agraria en
Colombia.
Ahora, mientras las cabezas del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición hacen una declaración conjunta, rechazando
el atentado y solidarizándose con las víctimas, en la que invitan a que esta
realidad tan dura no nos arrebate la esperanza, y llaman a no retroceder en la
búsqueda de la paz, la verdad, la justicia y la no repetición; contrariamente,
otras voces argumentando que las diferentes guerrillas marxistas en Colombia en
lugar de propuestas políticas con sus atentados llevan el terror, también sin
importarles el costo en vidas humanas proponen la vía armada como única
alternativa para combatirlas, en lugar de una respuesta social con acciones
concertadas que se desprendan del conocimiento de las dinámicas del conflicto y
de una reflexión sobre posibles soluciones pacíficas.
En consecuencia, entre la guerra y la paz habrá que
encontrar la verdadera alternativa, razón por la cual invitamos al Eln a
construir una opción diferente con sentido político y de esperanza, que logre
civilizar el conflicto a partir de acuerdos mínimos para construir la paz, dado
que la vía armada lo único que le ha aportado al país es la pobreza que
prevalece en el campo y en regiones marginadas, donde miles de habitantes
obligados a abandonar sus tierras, huyen para protegerse hacia los centros urbanos
donde engrosan los cinturones de miseria.
…
(*) Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y
Miembro de la SMP de Manizales. Créditos: (0) [Ed. Circular RAC 635] (0) [Ref.:
La Patria/ Manizales, 2019-06-17.] (1) [Ref.: La Patria/ Manizales,
2013-02-04.] (2) [Ref.: La Patria. Manizales, 2016.08.02] (3) [Ref.
La Patria, Manizales, 2014.08.18] (4) [La Patria. Manizales, 2018-01-28]. Imagen,
en: festivalcolombiepaixjustice.wordpress.com. Posted by godues on September 14, 2016 • Actualized
2019.
...
Fuentes Bibliográficas:
50
años de conflicto armado. Alfredo Molano Bravo (2014). Especial El
Espectador
Acumulación
de tierras y desigualdad. Aura Patricia Bolívar (2019). Razón Pública.
Bogotá.
Acaparamiento
de tierras en Colombia. Omar Felipe Giraldo (2015) |GRAIN.org. Revista
Biodiversidad
Agricultura,
campesinos y alimentos (1980-2010) Darío A. Fajardo Montaña (2018) U.
Externado.
Agua
como bien público. Duque Escobar,
Gonzalo (2017) In: Semana ambiental. Junio de 2017. Corpocaldas, Aguas de
Manizales y Alcaldía de Manizales. Teatro Fundadores, Junio 9 de
2017. Manizales.
América
Latina: reduce la pobreza, ¿pero la de la equidad qué? Claudia Torres
Arango (2019) R. Civismo 479 SMP Manizales.
América Latina y
el Caribe es la región con la mayor desigualdad en la distribución de la tierra.
FAO (2017).
Así
es la Colombia rural. Revista Semana (2012). Especial de la R.S. Bogotá.
Aspectos
de la agricultura colombiana en el siglo XX. Salomón
Kalmanovitz y Enrique López Enciso (2005) Fondo de Cultura Económica, Bogotá)
Bioturismo
y ruralidad en la Ecorregión Cafetera. Duque Escobar, Gonzalo (2011). In: Paisaje
Cultural Cafetero: amenazas y oportunidades, Jueves 1° de Septiembre de 2011,
Auditorio de Confamiliares de Caldas.
Campesinado,
luchas agrarias e historia social: notas para un balance historiográfico.
Bejarano, Jesús Antonio (1983) Anuario Colombiano de Historia Social y de la
Cultura; núm. 11 (1983)
Clima
extremo, desastres y refugiados. Duque
Escobar, Gonzalo (2016) La Patria, Manizales, Colombia.
Colombia:
¿muere el país rural? Duque Escobar, Gonzalo (2019) Documentación. La
Patria, Manizales.
Colombia:
alcances y lecciones de su experiencia en reforma agraria. Álvaro Balcázar,
Nelson López, Martha L. Orozco, Margarita Vega (2001). Red de Desarrollo
Agropecuario, CEPAL
Colonización,
fundaciones y conflictos agrarios. Albeiro Valencia Llano (1994) Imprenta
Departamental de Caldas. Manizales
Desarrollo económico y social en Colombia:
siglo XX. Corredor Martínez, Consuelo and Misas Arango, Gabriel and
Kalmanovitz, Salomón and Machado C., Absalón and Giraldo, César and Rodríguez
Salazar, Óscar and Flórez Enciso, Luis Bernardo and Balcázar V., Álvaro and
Bejarano, Jesús Antonio and Hernández Gamarra, Antonio and Lozano E., Ignacio
and Bonilla González, Ricardo and González, Jorge Iván and Restrepo Botero,
Darío I. and Ramírez Gómez, Clara and Camacho, Álvaro and Garay, Luis Jorge and
González, César and Corchuelo R., Alberto (2001) Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá. ISBN 9587010248.
Desterrados:
tierra, poder y desigualdad en América Latina. Oxfam para América Latina y
el Caribe. (2016)
Eje
Cafetero: construcción social e histórica del territorio. Duque
Escobar, Gonzalo (2011) In: Summa Iuiris, 5 (1). pp. 5 36. Editorial
Revista ULA.
El
territorio del río Grande de la Magdalena. Duque Escobar, Gonzalo (2018) [Objeto de
aprendizaje – Teaching Resource]
Guerra
o Paz, y disfunciones socio-ambientales en Colombia. Duque
Escobar, Gonzalo (2016) Revista Civismo SMP Manizales, Colombia.
Historial
rural de Colombia. John Alexander Pérez Suárez (2010) Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, UPTC.
La
concentración de la propiedad rural en Colombia: evolución 2000 a 2009. Ana
María Ibáñez (2009). Universidad de los
Andes.
La
desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia. José Antonio Segrelles
Serrano (2017) Anales de Geografía de la Universidad Complutense. España.
La
escandalosa desigualdad de la propiedad rural en Colombia. Carlos Alberto
Suescún y Andrés Fuerte Posada (2017) Razón Pública. Bogotá.
La
política de reforma agraria y tierras en Colombia. Centro Nacional de
Memoria Histórica (2013).
La reforma
agraria y la administración rural. Wheeler, Richard G. and Guerra E.,
Guillermo A. (1963) Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín; Vol. 23,
núm. 59 (1963)
La reforma
rural, una deuda social y política. Absalón Machado C (2009) CID U.N. de
Colombia.
Las nuevas
funciones del espacio rural. Zuluaga Sánchez, Gloria Patricia (2000).
Centro de Estudios del Hábitat Popular - CEHAP Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín.
Pacífico
biogeográfico y geoestratégico colombiano. Duque
Escobar, Gonzalo (2018). In: Curso de Contexto CTS 2018, Febrero-Junio de 2018,
Auditorio Juan Hurtado.
Plan
Estratégico Institucional 2019 – 2022. Departamento de Prosperidad Social
(2019). Gobierno Nacional
Pobreza,
brechas y ruralidad en Colombia. Rafael Isidro Parra-Peña S. Liliana
Alejandra Ordóñez A. Camilo Andrés Acosta M. (1917) Coyuntura Económica.
Fedesarrollo. Colombia.
Pobreza
Multidimensional. Informe de avance Septiembre de 2018. CEPAL, Chile.
Pobreza
y desigualdad en Colombia: análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Tassara, Carlo (2015) Anuario 2015.: Universidad Externado de Colombia. Bogotá.
Populistas:
el poder de las palabras. Palacios Rozo, Marco Antonio (2011) Colección
Obra Selecta. Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
¿Qué
le espera al post-conflicto colombiano? Farid Samir Benavides Vanegas
(2004). Revista Semana. Colombia.
Redistribuir
la tierra, primer paso para erradicar el hambre. Juan Miguel Hernández B.
(2017) El Espectador.
Reforma
agraria y poder estatal (1958-1980). Camilo Andrés Acero Vargas (2018)
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia.
Ruralidad
y conflicto en Colombia. Jair Preciado Beltrán (2006). U. Distrital,
Bogotá.
UMBRA: la Ecorregión
Cafetera en los mundos de Samoga. Duque-Escobar, Gonzalo (2019) U.N de
Colombia.
Un
millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca.
Antonio Paz Cardona / Mongabay Latam (2018) Semana sostenible. Colombia.
Visión
Colombia Segundo Centenario: 2019. DNP (2019), Bogotá, Colombia.
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