EL ÚNICO OBJETIVO DEL GASTO PÚblico social debería ser la solución de los problemas de pobreza y miseria.
Su ejecución debería estar completamente desligada de cálculos y manipulaciones electorales. Debería llegar, por igual, sin condiciones, a los amigos o a los contradictores de los gobernantes.
En las democracias que permiten la reelección presidencial se mantiene la duda de que el gasto social se puede dirigir a comprar votos para tratar de mantener a los gobernantes en el poder. Cuando esto sucede, se degrada la democracia: se atenta contra la igualdad y el juego limpio.
Con esa hipótesis en mente, el destacado economista de la Universidad de los Andes Oskar Nupia analizó el impacto electoral del programa Familias en Acción (FA), un esquema de transferencias en dinero creado en el gobierno de Andrés Pastrana como una medida temporal para hacerle frente a la gran recesión del final del siglo pasado. Este programa se amplió en forma considerable en los dos gobiernos de Álvaro Uribe (ver documentos CEDE, 14, Anti-Poverty Programs and Presidential Election Outcomes: Familias en Acción in Colombia).
Las primeras evaluaciones de los impactos sociales de FA arrojaron resultados bastante positivos en las zonas rurales. En cambio, en las áreas urbanas, después de la enorme expansión del programa en la segunda mitad de la década pasada, parecen haber sido escasos o nulos.
Por el contrario, en materia electoral, Nupia encontró que el mayor gasto en Familias en Acción sí pudo haber tenido un efecto considerable sobre la votación de la coalición uribista en las campañas presidenciales de 2006 y 2010. Sus modelos sugieren que un gasto del orden de US$730 millones en FA pudo haber elevado la votación por esa coalición en cerca de un 10%.
Lo más interesante es que el autor también halló que en aquellos municipios donde, en principio, el uribismo no era mayoritario, también el gasto en FA pudo haber tenido el efecto de aumentar los votos a su favor. Nupia interpreta este resultado como una evidencia de que la gente está dispuesta a cambiar su orientación ideológica a cambio de una transferencia monetaria.
Estos hallazgos confirman la visión de numerosos observadores en el sentido de que FA —al igual que otros programas dirigidos directamente desde la Presidencia de la República— pudo haber sido manejado y ampliado con una lógica electoral, con miras a favorecer el propósito de facilitar las sucesivas reelecciones del presidente.
Los resultados de esta investigación, de utilidad para los interesados en la limpieza de la democracia colombiana, deberían servir para motivar reformas encaminadas a separar los programas sociales, especialmente aquellos que entregan auxilios monetarios, de los asuntos electorales. En una situación normal, los apoyos del Estado deberían transferirse incondicionalmente a la gente sólo de acuerdo con sus necesidades objetivas, en cumplimiento de las obligaciones sociales del Estado, y no como un acto de generosidad del gobernante que espera, a cambio, como un trueque, el voto de los beneficiarios.
Lo sucedido con Familias en Acción muestra también cómo el Congreso de la República, los organismos de control, y, mucho menos, los partidos de oposición, no tienen injerencia alguna, ni monitoreo y control de los multimillonarios programas que maneja directamente la Presidencia de la República.
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